El 4 de febrero de 1888 los agricultores, mineros y vecinos de la cuenca minera se congregaron en la plaza del antiguo pueblo de Ríotinto, en las faldas de las cortas, para protestar por los efectos de los humos sulfurosos que producían las teleras, aquellas calcinaciones de mineral al aire libre que eliminaban toda forma de vida vegetal y afectaba a la salud de las personas y animales. La Compañía y las autoridades locales se asustaron ante la avalancha de gente y pidieron ayuda al gobernador civil de Huelva, quien se presentó en la localidad con soldados del Regimiento de Pavía dispuesto a reprimir la pacífica manifestación ¿Cuantos fueron los muertos?
No se sabe. La opacidad con la que se trató la masacre en 1888 ha impedido que los investigadores pongan un número redondo a las víctimas de aquellas descargas indiscriminadas de los soldados en la Plaza de la Constitución. Para La Compañía , la Rio Tinto Co Ltd., solo hubo 13 muertos (el informe remitido decía killed=asesinados), en una relación listada enviada a la matriz londinense, con nombre, edad, procedencia y estado civil. Sin embargo, se habla de que hubo cientos de muertos, que se hicieron desaparecer enterrándolos en los escoriales, en profundas galerías y hasta en el mar. Hubo casas que nunca más abrieron sus puertas porque sus habitantes no aparecieron, pudieran estar muertos o haber huido de la zona ante la dimensión de la tragedia y las consecuencias que pudiera tener para ellos. Tras las descargas de fusilería los muertos quedaron en la Plaza y nadie pudo acercarse a auxiliarlos y recogerlos.
Desde el primer momento se trató de que no se conociese el alcance de la masacre. El gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, negó que hubiera dado la orden de disparar. ¿Quién la dio? Dos días después de los sucesos envió un telegrama a Madrid: " 13 cadáveres identificados y sepultados. 12 heridos reconocidos: Ningún extranjero, mujer o niño ha sido lesionado". Falso, hubo mujeres y niños entre los muertos, y si no hubo reclamaciones sobre familiares desaparecidos fue por temor a las represalias. El propio gobernador A pesar de que aquel escandaloso suceso incomodó a las autoridades españolas, poco se hizo frente al inmenso poder acumulado en los 15 años que la Rio Tinto Limited Company llevaba en Huelva. Había creado un gran emporio industrial que atraía a gente de toda España, construyó un ferrocarril de 83 kilómetros hasta la capital, creó un muelle y dragó una zona de la ría onubense para que pudieran entrar los grandes cargueros de mineral donde antes apenas navegaban barquitos de pescadores, y transformó con su enorme actividad la vida de toda la provincia.
Nadie era capaz de oponerse a "La Compañía", la empresa británica que había comprado el suelo y subsuelo de las minas , y los campos y pueblos que la rodeaban. "Una compañía extranjera monopoliza en Ríotinto la vida entera de la región. La Compañía es dueña absoluta de la tierra, del subsuelo, del aire, de las cumbres, y de las vidas y las haciendas", así lo describía aún en 1932 la voz de Concha Espina recogida en el radiodocumental "Riotinto: la memoria de las entrañas de la tierra"
Nunca en la historia de España se había producido una gran manifestación en la que los agricultores, mineros y vecinos de las localidades de la cuenca minera, y aun de otros pueblos de la provincia, coincidieran para pedir el fin de las teleras, un método que estaba ya prohibido en el Reino Unido cuando la RTCL se instaló en España, pero que buscando la máxima rentabilidad impuso en nuestras minas. Los mineros protestaban tanto por los efectos de los humos como por mejoras laborales ante la insalubridad del trabajo, mientras que los agricultores atacaban los efectos de la contaminación producida por la industria frente a la defensa de la propia tierra. Aunque cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, bien podría haberse elegido el 4 de febrero en recuerdo de aquellos sucesos. El día fue elegido por la ONU justamente cien años después (1973) de que los británicos iniciasen la explotación de las minas de la cuenca del río Tinto.
Nadie hablaba entonces del medio ambiente, nadie sabía lo que era eso. Solo sabían que los efectos de los humos sulfurosos que salían de aquellas piras donde se calcinaba el mineral al aire libre no permitían la existencia de vegetación, y las personas y animales enfermaban. Pero además, cuando se extendía "la manta" los obreros no podían trabajar y no cobraban de La Compañía, lo que agravaba la situación ante unos jornales de miseria. Sostiene el historiador Juan Manuel Pérez López, en un articulo publicado en la revista Nervae, que "el año de los tiros marca un antes y un después en la historiografía de la cuenca minera" y descubría qué fue del líder que encabezó aquellas manifestaciones, el agitador Maximiliano Tornet, quien llegó a la zona en 1883, tras ser expulsado de Cuba por sedicioso.
Hasta hace solo dos años Maximiliano Tornet formaba parte de las personas desaparecidas. Ningún estudioso de la tragedia sabía lo que había sido de él. Aquel sábado de febrero estaba negociando con la alcaldía de Ríotinto el fin de las teleras cuando en el Salón del Ayuntamiento sonaron las descargas de fusilería. La gente huyó despavorida, algunos heridos fueron rematados con la bayoneta, y el suelo de la principal Plaza de Ríotinto se tiñó de sangre. Tornet salió al balcón y vio la masacre, huyó y nunca más se supo de él. Algunos lo ubicaban entre los secretos enterramientos de aquellos días y otros decían que había pasado a Portugal. Su destino real, Argentina, donde moriría. El misterio acaba de quedar al descubierto gracias a las posibilidades de Internet.
Aquel hombre, de 33 años, casado y con un hijo de solo un año, fue capaz de aglutinar a las fuerzas populares que paralizaron la actividad minera desde el 1 de febrero, y en unión de los terratenientes y agricultores zalameños de la Liga Antihumista se plantó frente al Ayuntamiento para exigir el fin de "las teleras". Una enorme concentración de personas, incluidas mujeres y niños, que asustó al alcalde de Ríotinto y a los gerifaltes de la compañía. Los comisionados, entre los que estaba Tornet, querían conseguir que el municipio de Ríotinto prohibiera las teleras, como lo habían hecho Calañas (1886) y Zalamea la Real (1887). Pero ni Ríotinto ni Nerva se atrevían a tomar tal medida para no incomodar a La Compañía que había traído la riqueza a la zona.
El alcalde de Ríotinto, capataz empleado de La Compañía, contestaba que aunque los humos no son agradables y ocasionaban algún perjuicio a la agricultura del distrito, el Ayuntamiento no tenía autoridad para decidir nada y la posible solución debía ser tomada por el Gobierno. Mientras, el Pleno del Ayuntamiento de Nerva, del 11 de octubre de 1887, sostenía que paralizar las actividades supondría la ruina inmediata para las poblaciones mineras. Incluso unos días antes de la gran manifestación el consistorio nervense señalaba que no había tenido ninguna queja y que cuatro de cada cinco vecinos dependían de la mina, por lo que rechazaba las demandas de los manifestantes. Es más, tras los sangrientos sucesos, el Ayuntamiento de Nerva se opuso reiteradamente al Decreto aprobado por el Gobierno el 29 de febrero prohibiendo las calcinaciones, aunque daba un plazo de tres años que no se cumplió; a los dos años el Decreto fue derogado. Se abrió un debate entre el mundo industrial del progreso que representaba la minería y el viejo mundo rural que representaban los agricultores. Las teleras necesitaban además gran cantidad de madera para su combustión, lo que añadió el problema de la deforestación abusiva que padeció la provincia.
La Compañía amenazó con despedir a 1.300 obreros si se prohibían las calcinaciones, lo que no ocurrió hasta 1907, poco antes de la llegada de Walter Browning (el llamado Virrey de Huelva) como director general. A pesar de su mal recuerdo, por sus métodos expeditivos, él fue quien contrató al agrónomo danés Kai Hase para reforestar toda la zona, iniciando la silvicultura extensiva en Huelva. La empresa no estaba dispuesta a terminar con las teleras y alegaba que por sus "circunstancias especialísimas no se puede poner en duda el derecho adquirido". Ni más ni menos recordaba que las minas no son una concesión o un arrendamiento y se remite al contrato de compra-venta por el que se adueñó de las tierras, lo que -según ella- legalizaba la calcinación de 2 millones de toneladas al año (1887) que diariamente lanzaban a la atmósfera hasta 600 toneladas de gases tóxicos. La gente no solo enfermaba sino que por ello podía perder su trabajo. Poco parecía que le importase la vida y salud de las personas, por lo que ante la presión ciudadana recordó el carácter semicolonial de aquellas propiedades, de las que los banqueros Rothchilds se habían convertido en los principales accionistas.
El lunes 6 de febrero, la empresa reanudó su actividad, como si el sábado hubiera sido solo un paréntesis en la historia de las minas, algo que atrajo a Concha Espina, quien en 1917 viviría en Nerva y escribiría poco después El metal de los muertos, y ya más recientemente (2001) el escritor riotinteño Juan Cobos Wilkins novelaría los sucesos en El corazón de la tierra, convertida en película por Antonio Cuadri (2007). Es el despertar de la conciencia dormida de lo que en la California del cobre se conoce como "el año de los tiros", del que mañana se cumplen 125 años.
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