AQUEL 23 DE FEBRERO

El 23 de febrero de 1981, la joven democracia española vivió su prueba más difícil. Militares nostálgicos del antiguo régimen protagonizaron un intento de golpe de Estado que pudo haber acabado en un baño de sangre o una nueva dictadura. El resultado final fue la consolidación definitiva del sistema democrático, aunque a costa de un retraso en el proceso de descentralización del Estado. La intentona golpista no fue un hecho del todo inesperado, dado el amplio malestar existente en sectores del Ejército por el cambio político emprendido tras la muerte de Franco.

Todo empezó a las 18.23 horas, cuando un pelotón de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura como nuevo presidente de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD). Éste debía suceder en el cargo al dimisionario Adolfo Suárez, también de la coalición centrista UCD.

El forcejeo de Tejero con el general Manuel Gutiérrez Mellado (vicepresidente del Gobierno) y los posteriores disparos al techo realizados por los asaltantes no presagiaban nada bueno. Sólo permanecieron en su asiento, desafiando la orden de tirarse al suelo, el propio Gutiérrez Mellado, el presidente Suárez y el dirigente comunista Santiago Carrillo. Diputados y senadores quedaban secuestrados en el edificio representativo de la soberanía popular, dejando al país entero en vilo.

Un capitán que acompañaba a Tejero adelantó a los parlamentarios la pronta llegada de una 'autoridad militar competente' para disponer lo que fuese procedente. Ante la situación creada, se constituyó en el Ministerio del Interior un Gobierno provisional de subsecretarios que asumió las funciones del ejecutivo secuestrado en las Cortes. El director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, se puso al frente de dicho gabinete de crisis. El jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, apoyó el orden democrático y entabló contacto telefónico con Laína.

Fiel también al ordenamiento constitucional, el director general de la Guardia Civil, el general José Luis Aramburu Topete, se dirigió al Congreso para emplazar a Tejero a rendirse. El teniente coronel golpista se mantuvo firme, llegando a amenazar a Aramburu con pegarle un tiro y luego suicidarse. A la vista de su empecinamiento, el jefe de la Benemérita decidió retirarse.

Estado de excepción en Valencia

Ya de noche, los tanques salieron a las calles de Valencia por orden del teniente general Jaime Milans del Bosch, quien declaró el estado de excepción en su región militar. Otros militares sediciosos como el general Luis Torres Rojas y el comandante Ricardo Pardo Zancada intentaron que se sumasen al golpe las fuerzas de la División Acorazada Brunete: pretendían con ello asegurar el control de puntos estratégicos de Madrid como la sede de RTVE.

Las instalaciones de Prado del Rey permanecieron ocupadas por varios destacamentos de la Brunete alrededor de dos horas, en las que Televisión Española alteró su programación y Radio Nacional emitió marchas militares. La intervención de los generales José Juste (jefe de la Brunete) y Guillermo Quintana Lacaci (capitán general de la primera región militar) impidió que los golpistas pudiesen disponer del grueso de esta importante división.

El general Alfonso Armada, pieza importante de la trama golpista, entró en el Congreso sobre las 23.50 horas para despachar con Tejero. Quiso erigirse en jefe de un gobierno de concentración nacional, pero no logró convencer a Tejero, quien abogaba por la creación de una junta estrictamente militar. La suerte del golpe quedó echada tras la intervención del Rey en TVE en torno a la una y cuarto de la madrugada: el monarca ordenó expresamente a los militares sublevados que se retirasen a sus cuarteles. Pasado el mediodía del 24 de febrero, los asaltantes del Congreso se entregaron tras haber liberado a los diputados retenidos. El resto de los golpistas ya estaban a disposición de la justicia militar.


La jornada del 24-F fue testigo de una de las manifestaciones ciudadanas más multitudinarias de la historia de España: un millón y medio de personas se congregaron en Madrid detrás de una pancarta que rezaba 'Por la libertad, la democracia y la Constitución'.

Condenas de hasta 30 años

El macrojuicio del 23-F, celebrado en Madrid ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, se saldó el 3 de junio de 1982 con duras condenas para los rebeldes. Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de cárcel. Otras 28 personas recibieron penas de entre un año de suspensión de empleo y 6 años de prisión. El Tribunal Supremo aumentó en 1983 las condenas: de 5 a 10 años para el coronel Diego Ibáñez Inglés (colaborador de Milans en Valencia); de 6 a 12 para Torres Rojas y Pardo Zancada; y de 6 a 30 para Armada. En 1996, tras la salida de la cárcel de Tejero, los protagonistas del fallido golpe ya se hallaban en libertad. Todos ellos se beneficiaron de indultos.

Uno de los secretos aún por desvelar del 23-F es la identidad del llamado 'Elefante Blanco', la alta personalidad militar que supuestamente debía presentarse en las Cortes y hacerse con las riendas del golpe. Algunos analistas consideran que el 'Elefante Blanco' era un mero símbolo del Ejército en su conjunto. Otros atribuyen ese título a Armada, quien siempre lo ha negado.

Sólo 20 meses después de la fracasada sublevación militar, el PSOE llegaba al poder con una abultada mayoría absoluta. Muchos historiadores marcan el final de la Transición en esas elecciones de octubre de 1982 que convirtieron en presidente a Felipe González.