domingo, 9 de septiembre de 2012

LIDERAR LA INSUMISIÓN

José Manuel Delgado Ramos (antropólogo social y ex-alcalde de Minas de Riotinto.)

Hemos pasado en muy poco tiempo a experimentar con pavor la extrema gravedad de la situación. La democracia ya está totalmente sojuzgada por el poder de los mercados. Los recortes y despidos son una experiencia cotidiana, y estamos embargados por la sensación de que para la clase media “se ha acabado la fiesta”. Si es que alguna vez hubo alguna fiesta; eliminación de gar
antías y derechos históricos de los trabajadores/as se incluyen soterradamente en el paquete de “ajustes” (pura terminología mecánico-instrumental) para dejar constancia de la fuerza de las medidas de un gobierno que (¿contra su voluntad?), mantiene la disciplina presupuestaria de control del déficit.

En este contexto, se hace muy evidente el interés de control centralista por parte de quienes nunca creyeron en el autogobierno y la pluralidad cultural de nuestros territorios. Debemos saber que desgraciadamente la Autonomía Andaluza representa una construcción inusual en la Historia de España, por su rareza, y por el hecho de que tanto costase arrancarla a los gobiernos conservadores de la postransición española. Ese imparable deseo de gestionar nuestra tierra merece ser recordado en estos momentos de aniquilación del Estado de las Autonomías. Porque hoy, bajo el paraguas de un mandato electoral fraudulento, las decisiones de techo de gasto y aquellas que se refieren al déficit para 2013 se reparten con criterios políticos, beneficiando a aquellas comunidades con un mayor nivel de endeudamiento -todas gestionadas por gobiernos del PP, excepto Cataluña- para asfixiar a quienes, como los andaluces, hemos venido gestionado nuestro presupuesto de manera responsable y moderada, sin dejar de mantener servicios básicos ni perjudicar aquello que consideramos “Estado del Bienestar”
Bajo expresiones muy alejadas del común diccionario de los mortales, la “consolidación fiscal”, se encubre una evidente intención ideológica que pretende desmontar todos estos servicios públicos, con la excusa de que son insostenibles, con la intención de culpabilizarlos/nos del exceso de gasto presupuestario, para vender al sector privado aquello que puede ser muy rentable en manos amigas...

Es un hecho constatado, por tanto, que el sistema centralista heredado de la época dorada del franquismo campa a sus anchas entre las filas del Gobierno. Herencia asumida como propia y gustosamente maquillada para los electores de principios del siglo XXI. Herencia empaquetada convenientemente para digerir lo que no es más que una auténtica ruptura con el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna.
Todas las decisiones públicas y privadas pasan por Madrid. Así, de esta forma, como ha sido históricamente. Las tropelías continúan contra el Sur, actuando teatralmente en un escenario autonómico favorable e inmensamente azul, en el que el consenso y la participación se han diluido como un azucarillo en un vaso de café caliente. Y es por eso que descargan de contenido a las instituciones, en clara correspondencia con “el mandato de los ciudadanos” (la mayoría absoluta). Este escondido e inconfesado deseo de eliminar el acuerdo con quienes no son del mismo color político está magníficamente representado en las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Continúa el acoso contra el gobierno “de los rojos”. Desde el Gobierno Central se niegan acuerdos del Parlamento andaluz -votados aquí favorablemente por el PP- para liquidar la deuda histórica, afirmando que son acuerdos “no oficiales” con el anterior ejecutivo. Se recurre la subastas de medicamentos y la compra centralizada de suministros farmacéuticos para, a continuación, copiar la medida en las autonomías del PP. Se suspende la oferta pública de Empleo en Secundaria, se habla de calidad de la enseñanza mientras se recortan recursos y se despide a miles de profesores interinos. Mientras, en nombre de la austeridad, se plantean eliminar pruebas medicas “no curativas”, como el diagnóstico precoz del cáncer de mama ¡¡¡¡¡¡¡
Pero el foco y el origen de la cuestión que justifica todo esta sarta de mentiras y vaguedades discursivas siguen sin denunciarse con claridad. Debemos tener una posición firme que, de la mano del consenso como arma democrática, nos conduzca a una insumisión clara de estas medidas irracionales, injustas e insolidarias con los que menos tienen.
Hace unos meses, LIBERATIÓN publicaba algunos artículos de interés sobre el caso español. Como afirmaba Jean Quatremer “España, como Irlanda antes que ella, se enfrenta a un problema bancario, y no de finanzas públicas”. Parece que ya alguien dice alto y claro que el problema está en el sistema financiero, no en las personas, ya que hasta ahora se ha victimizado a quienes “han vivido por encima de sus posibilidades”. No ha sido así. Se vislumbra, aunque no se dice desde los ámbitos de poder político, ante el miedo de un derrumbe generalizado del sistema, una clara responsabilidad de los sectores privados: bancos, grandes inversores, especuladores en general y otras subespecies del sistema capitalista más ortodoxo.

Y en esta situación, ¿quien es capaz de liderar la reforma y el parón a esta situación? Sólo la izquierda, que tienen que adoptar un frente común con los colectivos, sindicatos y asociaciones de damnificados y profundizar en la denuncia de esta perversión. Proponer juzgar a los responsables financieros y a los especuladores que han puesto en peligro los servicios públicos no es ninguna barbaridad, ya que pagamos una cantidad mayor por la financiación de los intereses de la prima de riesgo al año que toda la deuda pública de las Comunidades autónomas... Ya se hizo en Islandia. Convoquense elecciones anticipadas si es necesario y mandese un mensaje claro a los responsables y culpables de la crisis para que, mientras no se aleje el fantasma de la recesión y la actividad económica se recupere, SIGAN FINANCIANDO RAZONABLEMENTE A LOS ESTADOS, PUES SON ELLOS Y SÓLO ELLOS QUIENES NOS HAN CONDUCIDO A ESTA SITUACIÓN. No es cuestión de financiar la fiesta del consumo -incentivado hasta ahora por el propio sistema finaciero- sino garantizar la permanencia de los servicios públicos, puestos en solfa por la contrarreforma más conservadora de la Europa Contemporánea.

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